DOCENCIA UNIVERSITARIA
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Por Carlos Gutiérrez P.
Director Centro de Estudios Estratégicos

CARTA DE OPINIÓN

Nº 7 - 3 de Julio de 2006

I. UNA MIRADA RETROSPECTIVA CRÍTICA

La tradición occidental -hegemónica, en los dos últimos siglos, sobre temas estratégicos- nos dice que la guerra es la continuación de la política por otras vías; por lo tanto, adquiere el estatus de recurso legítimo de los Estados en la proyección de los llamados intereses nacionales.

La experiencia histórica, en cambio, nos dice que la guerra nunca ha resuelto un problema de fondo en el espacio de las relaciones interestatales; a lo que se agrega que las modalidades autoritarias y coercitivas, aplicadas al término de los conflictos, han seguido siendo fuente de nuevos problemas y han prolongado los conflictos en el tiempo, asumiendo representaciones culturales y simbólicas que se transmiten “hereditariamente” en los cuerpos sociales.

A esta modalidad de análisis hay que sumarle la tradición de la teoría de relaciones internacionales, basada en el realismo político, que se ha sustentado en la proyección del papel del Estado como un competidor más de una escena compleja y conflictiva, que genera tensiones naturales porque están en un estadio de disputa permanente por el choque de intereses y necesidades en un mundo acotado y escaso.

Sin lugar a dudas, bajo esta mirada, lo que prima es un mundo internacional hobbesiano, que requiere de la proyección de la fuerza para la defensa de un identificado y auto referente interés nacional que sería inmanente.

Quizás un ejemplo clásico de este paradigma lo constituye el largo conflicto franco-alemán. Desde finales del siglo XIX en que los territorios de Alsacia y Lorena (ricos en recursos primarios, necesarios para el auge industrial que vivían ambos países en la disputa de la segunda revolución industrial) se ubicaron como la fuente de conflicto fundamental de la propia guerra franco-prusiana de 1870, que se prolongó en la dos guerras mundiales. Entremedio, dependiendo de avance victorioso de las partes en cada guerra, era el estatus nacional que asumían estos territorios. Este conflicto se reprodujo en el cuerpo social respectivo, que no pudo ser detenido por los acuerdos políticos cupulares.

Sin embargo, la solución definitiva la encontró Europa por otro camino. Fueron los primeros pasos de la integración económica, que comenzó por el acero y el carbón, en la cual se privilegiaron las oportunidades comunes, los que abrieron el camino para que hoy se haya accedido a la integración de superestructuras políticas y culturales.

En cambio, en el conflicto chileno-boliviano del siglo XIX, fueron aquellas lógicas de predominio hobbesiano las que se impusieron.

Una guerra que tuvo un claro carácter de disputa económica, por intereses privados entonces hegemónicos, que se tradujo en un conflicto que adquirió fuertes ribetes nacionalistas y que, a su término, resultó en la anexión de territorios por parte de Chile, que no eran la razón principal de la disputa. En este caso, la incorporación de territorios adquiere la figura de botín de guerra, pasando a administrar una zona económicamente estratégica.

Esta situación de facto se legaliza a través de los acuerdos de 1904, que consagran la imposición de los términos por parte del vencedor. Está claro que la asimetría del acuerdo reproduce el estado de las fuerzas del momento, y prolonga históricamente una solución por la fuerza.

Bajo esta realidad, también hoy es discutible y factible la posibilidad de una revisión ponderada de este tratado. La dirección del esfuerzo debe encaminarse a un análisis nuevo que contenga la evolución histórica y la realidad contemporánea que está marcando el desarrollo de los pueblos. No puede estigmatizarse el destino de las sociedades con cargas históricas eternas, más cuando las tendencias principales están orientándose hacia las integraciones y cooperaciones.

Hay momentos y contenidos en que el revisionismo histórico no solo es posible, sino que incluso perentorio, para botar lastre y poder seguir caminando ágilmente en las tareas de alcanzar el desarrollo. La imbricación entre memoria y futuro debe ser dialógica, para asegurar el justo equilibrio de la condición humana.

II. PROBLEMAS DE DESARROLLO COMUNES

Desde la década de los sesenta se ha venido teorizando con mucha fuerza y sistemáticamente acerca de los problemas de desarrollo latinoamericano, llegando a contar con muchas entradas teóricas y respuestas políticas concretas.

Lamentablemente todavía no podemos decir que tenemos resuelto el dilema. Incluso, las actuales estrategias en la mayoría de los países de la región han puesto el énfasis político y mediático exclusivamente en resultados de crecimiento económico, confundiéndose con los índices de desarrollo, y estableciendo una relación dependiente y unívoca entre ambas, que ha llevado a la perversión de una lógica del crecimiento como un fin en sí mismo, alejado de una base material y humana de sustentabilidad.

Aún considerando las diferencias y asimetrías entre las estructuras económicas de nuestros países, y los niveles de crecimiento en las últimas décadas, seguimos teniendo un listado histórico de problemas comunes de desarrollo, que debieran plantearnos seriamente puntos de encuentro de diseños de políticas de largo alcance.

Podemos nombrar entre éstas:
a) Potencial natural considerable, con una explotación sumamente imperfecta y parcial.
b) Una marcada desindustrialización, que se suma a la histórica débil industrialización, que se manifestó como un fenómeno incompleto, incoherente y no acumulativo.
c) Falta de organización de los intercambios interiores. No se comercializan producciones locales que podrían ser complementarias y extremadamente útiles.
d) Una parte esencial de la vida económica depende de fuerzas de decisiones que les son exteriores. A esto se suma un aspecto cada vez más determinante como son los flujos de capitales.
e) La considerable importancia del contraste que existe entre la riqueza de una pequeña minoría y la miseria de la mayor parte de la población. La enorme concentración de la renta nacional en pocos grupos económicos.
f) La proyección de una oligarquía del poder económico sobre la política y las instancias mediáticas, generando la consecuente presión sobre modelos, decisiones y representaciones políticas.
g) Otra característica fundamental es la amplitud y diversidad de las formas del desempleo y subempleo, llegando en algunos casos a ser una realidad estructural. Esto genera escasa productividad de las poblaciones y estrechez del mercado interior.
h) Importantes sectores de la población con bajos y /o deficientes niveles de instrucción, que viven en pobres condiciones sanitarias.
i) Falta de articulación entre los diversos actores sociales. La escasez o ausencia de integración en las estructuras económicas, sociales y culturales fundamentales.
j) Disparidad del crecimiento demográfico, y una creciente urbanización caótica.
k) La permanencia de fronteras interiores y exteriores que obstaculizan flujos comerciales y humanos.

Este abanico de dificultades y obstáculos, que tiene distintas expresiones y gradualidades, es posible abordarlo bajo un nuevo prisma, que tiene que ver más con evaluaciones a escalas mayores que las estrictamente locales y que requiere una nueva propuesta frente a las políticas tradicionales de integración.

Cada vez más, a propósito de las dinámicas de globalización, los flujos e impactos materiales e inmateriales adquieren grados de inmediatez y descontrol territorial, que exigen respuestas de los actores estatales y sociales novedosas y esencialmente cooperativas, superando instancias burocráticas tradicionales.

III. UNA NUEVA MODALIDAD

El papel monopólico del Estado en las relaciones internacionales ha sufrido un desgaste creciente. Han entrado en escena actores sociales nacionales e internacionales, grupos de presión privados y públicos en las mismas escalas, etc. Todo esto ha configurado una realidad más dinámica y compleja, en muchos casos positiva, pues da cuenta de mejor forma de las complejidades de las redes societales.

Hoy los Estados deben tener más en cuenta el rol protagónico de sus pueblos y personas, en específico, como sujetos de derecho en los planos humano, económico, social y cultural, lo que redunda en poner al centro sus intereses.

Cada vez más las fronteras y soberanías cerradas dan paso a esquemas abiertos, que promueven la cooperación, la integración y la confianza mutua. Cada vez más hay una relación directa entre las contigüedades geográficas, asumiendo que los procesos y fenómenos que transcurren en la vecindad repercutirán directamente en la propia realidad local.

Ya no existen las posibilidades de procesos autárquicos ni de obstaculización de los desplazamientos en general, solo queda la alternativa de la conjunción de esfuerzos en los distintos niveles que permita la factibilidad del desarrollo en escalas supranacionales. Es un cambio de paradigma, que tiene como centro la comunidad de intereses de la persona humana, como singular genérico.

Analizar el conflicto chileno-boliviano bajo este prisma conceptual nos podría conducir en una dirección muy distinta a la actual, permitiendo abrir espacios a salidas compartidas para los problemas históricos.

IV. UNA NUEVA GEOGRAFÍA POLÍTICA

La realidad dominante, que nos está hablando de una reconfiguración de las inseguridades apremiantes para nuestros pueblos, traducidas en riesgos explícitos y latentes, nos demanda una interpretación nueva del territorio, donde el eje sufre un corrimiento desde los territorios burocratizados a los territorios incógnitos.

La dimensión territorial adquiere en la política, tanto nacional como internacional, un aspecto relevante, pues nos habla de las localizaciones específicas de planes y programas, que asumen toda la importancia que tiene la consideración de la realidad sobre la que se actúa.

El territorio burocratizado es el que obedece a la lógica de los estados, que es definido desde la perspectiva de limitaciones fronterizas, dentro del cual se ejerce a plenitud una soberanía estatal (aunque hoy mediatizada por su doble tensión entre lo global y lo local) y que se expresa en calidad de conflicto, en la medida que su integridad delimitada es puesta en cuestión por otra unidad estatal con las mismas características y ante un eventual interés común incompatible.

Esta dimensión de lo territorial actualmente no está tensionada, ya que por una parte las disputas fronterizas esenciales están resueltas y, por la otra, porque cada vez más el rol de los organismos supra estatales regionales tienen un papel más activo en prevenir y resolver este tipo de conflictos, quedando menos espacios de maniobra para acciones de fuerza como mecanismo privilegiado de solución.

Este mapa sigue estando configurado por los estados latinoamericanos, con una pérdida importante de la antigua geopolítica, y ha dado pasos a estructuras de integración subregionales, particularmente en el área económica atendiendo a sus propias sensibilidades geográficas y políticas (Pacto Andino, MERCOSUR y CARICOM).

En cambio aparece una nueva dimensión del territorio compuesto por tierras incógnitas que van quedando al margen de las integraciones de los nuevos flujos económicos y de desarrollo, donde se materializan las interacciones de riesgos para las personas, y que tienen como rasgo principal estar por sobre las delimitaciones estatales, generando una cualidad de fronteras porosas interestatales. Hay una definición que las caracteriza muy bien:

“Muchos territorios explorados, cartografiados, fotografiados en el último siglo o siglo y medio se han vuelto, de nuevo, inexplorados, inaccesibles, desconocidos, inseguros, misteriosos, hostiles a toda penetración exterior. Son regiones que se alejan, que se apartan del mundo, que se descartografían. Los dramas humanos que ahí se viven apenas son conocidos en el resto del mundo. La opacidad, es sin duda, uno de los rasgos más destacables de estas nuevas tierras incógnitas”.[1]

Aquí es donde radica el nuevo desafío para identificar y operar sobre estas tierras incógnitas, que nos va a remitir a realidades económicas, sociales y políticas. Hay que producir un cruce de los riesgos y las oportunidades con los territorios concretos, que arrojará dinámicas geográficas que impulsarán a los distintos estados a desarrollar políticas cooperativas, atendiendo a estas particularidades, pero por sobre todo al carácter interestatal de estas realidades.

Del mismo modo es que aparece un territorio que es factor de oportunidades, por cuanto enlaza variables que trascendiendo las fronteras administrativas políticas, es capaz de configurar una coherencia tanto económica, como cultural, social y humana. Es la configuración de micro regiones que debieran tener un tratamiento especial de cooperación interestatal, en cuanto a que la existencia de similares problemas y oportunidades, de pie para coordinar políticas trans-estatales, que genere un eje de desarrollo con capacidad de réplica.

Así es como aparece un nuevo mapa latinoamericano que nos habla tanto de los desafíos para identificar las inseguridades, como de las oportunidades para afrontarlas en base a la cooperación. Es un mapa más específico, sobre el cual se puede operar con herramientas más oportunas y eficientes; ya no es la generalidad de un hemisferio que no comparte absolutamente los mismos riesgos, intensidades, escalas, ni satisfactores y que tiende a perderse ante las imposiciones externas del poder hegemónico.

Esto mismo plantea desafíos inéditos para las organizaciones regionales, que más allá de asentar principios generalistas necesarios (como, por ejemplo, la definición del sistema democrático como el régimen político más acorde con la soberanía popular, los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, etc.), se requiere canalizar apoyos, respuestas y políticas específicas. Así se podrían ir identificando y clasificando estas zonas de acuerdo a distintos anillos. Un primer anillo estratégico, ligado a percepciones geopolíticas y geoeconómicas, posteriormente se pueden identificar estos anillos menores relacionados con los riesgos específicos, como por ejemplo: para el tema de las migraciones; para el tema de tráficos ilegales de mercancías; para el tema de los desplazados y las contaminaciones o epidemias o desastres naturales.

Es por este sendero que debemos seguir avanzando, así los esfuerzos mancomunados, que significan entre otros racionalizar y hacer más eficientes los escasos recursos que disponemos, tendrán impactos más positivos en la resolución efectiva de las demandas de nuestras sociedades.

V. LA NECESIDAD DE LA DIPLOMACIA DE LOS PUEBLOS

Una nueva polémica en la política exterior chilena se ha alzado a propósito del viaje de un grupo de parlamentarios de la Concertación a Bolivia, que terminó en una pequeña declaración de buenas intenciones sobre las relaciones entre ambos países.

Las críticas que han surgido desde distintos sectores políticos reflejan los resabios del conservadurismo en nuestras relaciones vecinales, que en cambio se despejan absolutamente cuando se trata de buscar acuerdos con las grandes regiones del mundo en el campo económico. En la elite chilena han recibido con espanto la tesis de la “Diplomacia de los Pueblos” que ha planteado el gobierno boliviano como un camino estratégico en la búsqueda de nuevos espacios de diálogo y de soluciones en la centenaria entrampada política bilateral.

Nadie ha cuestionado que el Poder Ejecutivo y, particularmente, la Presidenta de la República, conduce la política exterior de nuestro país, pero de allí a sacar como conclusión que es el único pertinente de opinar sobre nuestras relaciones hay una distancia sideral. Justamente si se trata de profundizar cada vez más nuestra democracia, un apoyo importante es que representantes de otro pilar del Estado, como lo es el Poder Legislativo, también tengan una actitud más dinámica y pro activa para ampliar el espectro de los diálogos, los temas y hasta las sensibilidades políticas. Incluso aunque ésta tuviera diferencias sutiles o profundas con las que lleva adelante el Ejecutivo. El Parlamento chileno tiene definidos ámbitos de responsabilidad en la política exterior, y lo mejor para su aporte pasa efectivamente por un conocimiento más directo de las problemáticas centrales que hoy día se afrontan en ese aspecto.

De la misma forma es que debiera incentivarse que las relaciones, prioritariamente entre los vecinos, tuvieran un espectro mayor de actores en juego, como lo pueden ser justamente organizaciones sociales, culturales, académicas, deportivas, que aportan también una mirada y un lenguaje. Porque al fin y al cabo las relaciones son precisamente entre pueblos y personas y, en muchos casos, estos vínculos son un enorme aporte para generar mayor confianza en la elaboración de las políticas oficiales y legales. En este sentido entiendo esta diplomacia de los pueblos, para romper otro de los reductos del elitismo que encapsula estos espacios a burocracias especializadas retocadas de aires palaciegos y formatos de protocolos.

Una buena pregunta a responder sería cuánto más se podría avanzar en las relaciones entre pueblos, si el interés por ellas y las posibilidades de influir fueran justamente un patrimonio de todos los ciudadanos organizados, y adquirieran centralidad otras áreas relevantes para el desarrollo de los pueblos, donde el comercio fuera uno más y no el exclusivo acaparador de la atención y los esfuerzos ministeriales.

Por lo tanto lejos de transformarse en un problema, estas instancias deben constituirse en toda una oportunidad, porque tampoco puede olvidarse que la política exterior también es una política pública que debe estar abierta a la discusión nacional, abierta, transparente, contradictoria y que en tanto más participativa, de mejor manera pueda representar efectivamente un “sentir nacional”.

Bajo este mismo precepto, si bien siempre es más deseable que haya estabilidades y continuidades en las políticas, particularmente aquellas que requieren tiempos largos de solidificación, no es posible asumir como argumento, para rehuir el debate, un enlazamiento con principios pre-argumentativos e inmutables. Para el caso de Bolivia esto ha sido demasiado patente. Desde el comienzo de las discusiones se ha declarado irrevisable el Pacto de 1904, a pesar que se hizo en un contexto de inmediatez de la post guerra con toda la presión política evidente, así como el constante rechazo chileno de llevar este tema a legítimos organismos multilaterales, que siempre ha constituido un recurso de política internacional para la resolución de conflictos, más cuando hay mucha cerrazón entre las partes. Debemos asumir los cambios junto con los tiempos históricos, en tanto la política exterior también es una construcción que debe dar cuenta de los requerimientos y necesidades concretas, y no instalarse en una retórica del “interés nacional”, que se presenta como vacuo y particularmente sospechoso.

Si hoy día recurrimos al precepto de proteger el interés nacional en las relaciones con Bolivia, entonces tendríamos que concluir que es de la mayor importancia tener relaciones fluidas y expeditas, en base a que compartimos una frontera que está inserta en una región que tiene características comunes en el plano físico, económico, étnico, cultural y social, que tiene un gran impacto en las poblaciones de ambos países. La particularidad de las relaciones vecinales, es que las políticas tienen un doble efecto, en la escala nacional y en la escala regional. Las posibilidades de incentivar a nivel local un comercio fronterizo para una región que así lo requiere, producir controles compartidos frente a problemas de seguridad pública, tener protocolos comunes frente a desastres naturales propios de la zona, desarrollo de programas culturales y educativos multiétnicos, inversiones articuladas en infraestructura, se pueden acompañar de políticas generales en cuanto a estrategias de conectividad subregional, estrategias energéticas, intercambio comercial, políticas de cooperación en el ámbito de la defensa, etc., alejando así todos los fantasmas de la inseguridad y generar las condiciones materiales y subjetivas necesarias para una integración compleja y eficiente.

La diplomacia de los pueblos y las opiniones que éstos expresen, y en ese contexto entiendo la relación que generó este grupo de parlamentarios chilenos, debiera ser un camino que se incentivara y se reconociera. No está de más recordar la opinión que mayorías nacionales de distintos países hicieron presente frente a la invasión de Irak, que significó una importante ola de manifestaciones públicas multitudinarias, que no fueron escuchadas por los gobiernos que terminaron sumándose a la invasión estadounidense al margen de las Naciones Unidas. Allí, los respectivos poderes ejecutivos, hicieron patente esta tradición de ser los conductores de la política exterior y no se preocuparon del llamado “interés nacional”, y no tuvieron la sensibilidad de esos pueblos que sí dimensionaron los efectos negativos de una decisión basada en la tozudez y la mezquindad política de las elites.

Al final, algunos de ellos fueron y otros están siendo castigados por esos mismos pueblos que fueron desairados.

La preocupación principal del gobierno no debiera ser si se amplían las voces que participan e interrumpen el monólogo oficial, sino estar lejos de la voz de los ciudadanos cotidianos. La democracia de a poco deja de ser solo un recurso electoral. CEE

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[1] Nogué Font, Joan y Rufi, Joan Vicente: Geopolítica, identidad u globalización. Ariel Geografía, España, 2001, pág. 115.

FRATERNALMENTE. DR. LUIS ANTONIO, ROMERO YAHUACHI

http://www.cee-chile.org/index2.htm